RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES

“El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento” Artículo 2.2.6.4.1.1, Decreto 1077 de 2015.

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO

Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble.

El formulario único nacional para la solicitud de licencias.

Copia del documento de identidad del solicitante.

La relación de la dirección de los predios colindantes.

Copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su experiencia.

Documentos adicionales para reconocimiento.

Copia del peritaje técnico y diseño de reforzamiento estructural según capítulo A.10 de la NSR-10.

Levantamiento arquitectónico de la construcción, debidamente firmado por un arquitecto.

Declaración de la antigüedad de la construcción (mínimo 5 años).

Plano oficial de localización e identificación del predio – Plano loteo y/o manzana catastral (para agilizar trámite).

Planos de modificación para el cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistente actuales (en caso de no cumplir).

Para las edificaciones que tengan o superen los 2.000 m2 de área construida, deben aportar Supervisión Técnica Independiente y adjuntar los siguientes documentos: • Memoria de cálculos y planos estructurales, firmados por el revisor independiente de los diseños estructurales. • Memorial firmado por revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique el alcance de la revisión Revisar decreto 945 de 2017 (Apéndice A-6,3 NSR 10)

Elementor #2808

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES

“El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento” Artículo 2.2.6.4.1.1, Decreto 1077 de 2015.

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO.

Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble.

El formulario único nacional para la solicitud de licencias.

Copia del documento de identidad del solicitante.

La relación de la dirección de los predios colindantes.

Copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes en el trámite de licencia urbanística y copia de las certificaciones que acrediten su experiencia.

Documentos adicionales para reconocimiento.

Copia del peritaje técnico y diseño de reforzamiento estructural según capítulo A.10 de la NSR-10.

Levantamiento arquitectónico de la construcción, debidamente firmado por un arquitecto.

Declaración de la antigüedad de la construcción (mínimo 5 años).

Plano oficial de localización e identificación del predio – Plano loteo y/o manzana catastral (para agilizar trámite).

Planos de modificación para el cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistente actuales (en caso de no cumplir).

Para las edificaciones que tengan o superen los 2.000 m2 de área construida, deben aportar Supervisión Técnica Independiente y adjuntar los siguientes documentos: • Memoria de cálculos y planos estructurales, firmados por el revisor independiente de los diseños estructurales. • Memorial firmado por revisor independiente de los diseños estructurales, en el que certifique el alcance de la revisión Revisar decreto 945 de 2017 (Apéndice A-6,3 NSR 10)

 

 

ACOSO LABORAL

El acoso laboral definido en ley 1010 de 2006, es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

La Corte Suprema de Justicia, ha precisado que el ACOSO LABORAL consiste en conductas como, hostigamiento continuado que se origina entre los miembros de una organización de trabajo, conductas que están orientadas a la intimidación y al amedrentamiento, con el fin de consumir emocionalmente e intelectualmente a un trabajador.  La Corte además nos explica que para que estas conductas sean tenidas como acoso, deben de estar relacionadas, ser persistentes y fundamentalmente sistemáticas.

Dicho esto, el acoso laboral es una práctica que produce miedo y desestabilidad en el trabajador, lo cual lo vuelve propenso a tener problemas de salud y afectan su seguridad en el trabajo.

El artículo 7 de la ley 1010 de 2006 enumeran algunas conductas que constituyen acoso laboral, a saber;

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo; d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

Así también la norma establece que estas conductas deben de ser repetidas y públicas, sin que esto deje sin cimientos a las conductas que se presenten en privado y solo una vez, ya que la misma norma establece que para las conductas que se dan en privado se deberán probar con los medios probatorios permitidos para la ley civil, así como para las conductas hostiles que se presenten por una sola vez, estas serán apreciadas por la autoridad competente según su gravedad y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

La ley 1010 de 2006 en su artículo 8 también contempla algunas conductas que no constituyen acoso laboral y afirma además que las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios, no constituyen acoso laboral.

En cuento a la prevención y corrección del acoso laboral, la ley establece que es deber del empleador, prevenir y corregir el acoso laboral, implementando en los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones, mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, conciliatorio y efectivo para superar las conductas de acoso laboral que ocurran en el lugar de trabajo.

Toda víctima de acoso laboral podrá a través de denuncia detallar los hechos denunciados y anexar pruebas de los mismos, ante el inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, Inspectores Municipales de Policía, personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral.

Así mismo la competencia Corresponde a los jueces laborales con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias cuando las victimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares, si la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Publico o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura.

INCAPACIDAD MÉDICA

Una incapacidad médica es el reconocimiento económico que obtiene un trabajador durante el tiempo que está inhabilitado física o mentalmente para desarrollar sus labores.

Dicho reconocimiento es otorgado por la EPS (si es por enfermedad de origen común) o la ARL (por accidente de trabajo).

 La Corte ha distinguido tres tipos de incapacidades a saber : (i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patología; (ii) permanente parcial, cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%. Sobre el particular, la propia jurisprudencia ha precisado que las referidas incapacidades pueden ser de origen laboral o común, aspecto que resulta particularmente relevante para efectos de determinar sobre quién recae la responsabilidad del pago de las mismas, como se explicará a continuación.  (Sentencia T-161/19)

De las incapacidades por enfermedad de origen laboral

En cuanto a las incapacidades por enfermedad de origen laboral, el artículo 1 del Decreto 2943 de 2013 dispone que las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- serán las encargadas de asumir el pago de aquellas incapacidades generadas con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedades laborales, desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho o diagnóstico.

De las incapacidades por enfermedad de origen común

Respecto del pago de las incapacidades que se generen por enfermedad de origen común, es preciso empezar por señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, el tiempo de duración de la incapacidad es un factor determinante para establecer la denominación en la remuneración que el trabador percibirá durante ese lapso. Así, cuando se trata de los primeros 180 días contados a partir del hecho generador de la misma se reconocerá el pago de un auxilio económico y cuando se trata del día 181 en adelante se estará frente al pago de un subsidio de incapacidad.

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un el diagnóstico y las recomendaciones.

TIPOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES. Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo, las siguientes:

1. Evaluación médica pre -ocupacional o de pre-ingreso.

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación).

3. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.

Las evaluaciones médicas ocupacionales a que se refiere la presente resolución, hacen parte del programa de salud ocupacional, de los sistemas de gestión que desarrolle el empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

ACCION DE TUTELA

ACION DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución dispone que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.

La acción de tutela solo es procedente en caso de vulneración de derecho fundamental cuando no exista otra vía judicial mediante la cual este pueda ser protegido o para evitar un perjuicio irremediable. De igual forma no puede ser interpuesta contra actos de carácter general, impersonal y abstracto.

También procede contra acciones u omisiones de los particulares: cuando estos prestan un servicio público; cuando su actividad afecta grave e injustificadamente un interés colectivo; cuando existe una relación de indefensión o subordinación entre dos particulares.

La acción de tutela  procede contra providencias judiciales, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos generales o causales genéricas de procedibilidad enunciados en la Sentencia C – 590 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional.

¿Quiénes son competentes para conocer la acción de tutela?

Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en  el lugar donde haya ocurrido la afectación o vulneración del derecho fundamental.

La acción de tutela debe ser resuelta en el término de diez días contados a partir de la radicación de la solicitud.

DERECHOS QUE PROTEGE LA ACCIÓN DE TUTELA

Derecho a la vida (Artículo 11 CP/91)

Derecho a la integridad personal (Artículo 12 CP/91)

Derecho a la igualdad (Artículo 13 CP/91)

Derecho a la personalidad jurídica (Artículo 14)

Derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el habeas data (Artículo 15 CP/91)

Derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 CP/91)

Prohibición a la esclavitud (Artículo 17 CP/91)

Libertad de conciencia (Artículo 18 CP/91)

Libertad de cultos (Artículo 19 CP/91)

Libertad de expresión e información (Artículo 20 CP/91)

Derecho a la honra (Articulo 21 CP/91)

Derecho a la paz (Artículo 22 CP/91)

Derecho de petición (Artículo 23 CP/91)

Libertad de locomoción y residencia (Artículo 24 CP/91)

Derecho al trabajo (Artículo 25 CP/91)

Libertad de escoger profesión u oficio (Artículo 26 CP/91)

Libertad de enseñanza (Artículo 27 CP/91)

Libertad personal (Artículo 28 CP/91)

Derecho al debido proceso (Artículo 29 CP/91)

Habeas Corpus (Artículo 30 CP/91)

Derecho a doble instancia (Artículo 31 CP/91)

Derecho de asilo (Artículo 36 CP/91)

Derecho de reunión (Artículo 37 CP/91)

Derecho de asociación (Artículo 38 CP/91)

Derecho de sindicalización (Artículo 39 CP/91)

Derechos políticos (Artículo 40 CP/91)

Derecho a la salud. (Jurisprudencialmente).

El término para interponer una acción de tutela no ha sido regulado normativamente, pero la Corte Constitucional, jurisprudencialmente estableció como requisito la inmediatez, estableciendo que para interponer la acción de tutela se debe observar  un término razonable desde la ocurrencia del hecho que la origina.

CONTENIDO DE LA ACCION DE TUTELA

La identificación completa del solicitante, informar el lugar de residencia.

Identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos vulnerados.

Información clara y detallada de los hechos, que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular, con las cuales se  afecta o vulnera el derecho fundamental.

Manifestación clara  del derecho que se considere se ha afectado, vulnerado y/o se encuentre amenazado.

Manifestación bajo la gravedad del juramento que no ha  presentado tutela sobre los mismos hechos.

TRASPASO DE VEHICULO A PERSONA INDETERMINADA

Este es un procedimiento especial que se hace cuando se es propietario inscrito de un vehículo, pero no es el poseedor, es decir no lo tiene en su poder, debido a que desconoce el paradero del vehículo después de haber celebrado una compraventa del automotor, compraventa que no fue registrada ante la entidad de transito donde se encuentra matriculado el vehículo, en consecuencia, el vendedor aún aparece como propietario inscrito y encargado del pago de impuestos, multa o comparendo en que esté vinculado el vehículo.

La persona que está facultada para realizar este trámite es el último propietario inscrito, que demuestre que han pasado mínimo tres años desde el momento en que dejó de ser poseedor, la persona puede adelantar el trámite por intermedio de apoderado o personalmente.

Este trámite se debe realizar ante las oficinas de transito donde se encuentra matriculado el vehículo y deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El propietario del vehículo sea una persona natural o jurídica debe estar inscrito en el sistema RUNT.

2. Presentar original del documento de identidad.

3. Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y obligaciones tributarias que graven el vehículo.

4. Demostrar que han transcurrido al menos tres (3) años desde el momento en que dejó de ser poseedor.

5. Que no cuente con el contrato de compraventa y/o documento en el que conste la transferencia del derecho de dominio del vehículo.

6. Que las circunstancia para llevar acabo el trámite, no se encuentren dentro de alguna de las causales legales de cancelación, establecidas en el artículo 40 de ley 769 de 2002, que habla de la cancelación de la licencia de transito de un vehículo a solicitud de su titular, por destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.

Si se va a llevar a cabo este trámite en la Ciudad de Popayán, la secretaria de transito exige cinco requisitos:

1. El propietario del vehículo debe estar inscrito al RUNT y no tener multas; 2. Declaración juramentada donde se demuestre que el vehículo fue vendido hace más de tres años y se desconoce su paradero.

3. Derechos de municipio;

4. Paz y Salvo de impuestos; formulario FUN diligenciado. Para este trámite no aplica la revisión técnico mecánica ni el seguro obligatorio.  

RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA PROFESIONAL

Entendida la responsabilidad civil, como la obligación que tiene una persona para con otra, de indemnizarla por un daño que ha sufrido a consecuencia de la conducta de la primera, daño este que la segunda no debe soportar.

En Colombia, existen dos tipos de responsabilidad civil, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual.

La responsabilidad civil contractual, deviene del incumplimiento de un contrato celebrado entre dos partes, las cuales están obligadas a cumplirlo y de no ser así, la parte que incumple debe resarcir el daño causado a la parte perjudicada con este, o sea que el vínculo existe antes de la ocurrencia del daño a raíz de la relación contractual.

La responsabilidad civil extracontractual, nace de la ocurrencia del daño sin la existencia previa de un contrato, es decir, que el daño que causa perjuicios a la persona no es consecuencia del incumplimiento de un contrato, sino de la obligación que tenemos de no hacer daño a otro.

En el área de la salud, los profesionales médicos en el ejercicio de su profesión se ven expuestos a diferentes riesgos entre los cuales está la responsabilidad civil medica profesional.

La actuación del profesional de la salud es considerada de medio y no de resultado, sin embargo, se le exige al profesional diligencia, cuidado y pericia para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado, sin que ello implique asegurar la consecución del resultado. Esta responsabilidad excepcionalmente es de resultado, donde el medico se compromete a lograr un objetivo, como en los casos de cirugías estéticas.

La responsabilidad medica puede ser contractual, lo que quiere decir que exista un vínculo preexistente, o extracontractual cuando no existe un vínculo anterior. La responsabilidad civil medica extracontractual no es la más habitual, pero no quiere decir que esta hipótesis no pueda darse, esta se da cuando no existiendo vínculo, el medico interviene unilateralmente, cuando se trata de pacientes inconscientes o cuando el contrato adolece de un vicio que afecte su validez.

Existe responsabilidad civil medica cuando el medico con su accionar activo u omisivo, causa un daño antijurídico al paciente en su salud, integridad física o vida y en este sentido la Corte Suprema ha dejado claro que para hallar culpable al médico, se debe probar que existió la culpa del profesional, ya que no basta con el hecho de que el paciente no mejore o empeore, se debe probar que estos hechos se dieron como resultado de la negligencia del médico tratante y para establecer esta responsabilidad, es fundamental hacer un análisis exhaustivo de la historia clínica del paciente. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

Es aquél en virtud del cual, una parte se obliga a proporcionar a la otra el uso y goce de un inmueble que sirva para ejercer el comercio, durante cierto tiempo, y, la otra a pagar como contraprestación, un precio determinado o canon. Entre sus características principales se hallan las de ser típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo, y de ejecución sucesiva.

Este tipo de contrato consagra entre otras, dos tipos de compensaciones posibles a cargo del uno y en favor del otro, a saber; Derecho que nace para él arrendatario a que se le renueve el contrato acorde con el artículo 518 del código de comercio, así mismo, el derecho al desahucio ya que para este tipo de contratos debe remitirse al arrendatario con una antelación de 6 meses al vencimiento de contrato.

El vencimiento del plazo no es suficiente para terminar un contrato de arrendamiento de local comercial, conforme al artículo 5 del decreto 3817 de 1982.

Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico establece unas causales para dar por terminado esta clase de contratos, a saber;

Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato;

Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y

Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

La Sala de Casación Civil ha precisado que el Libro Tercero, Título III, Capítulo 3 del Código de Comercio… concierne a la protección que la ley otorga a los establecimientos comerciales y más concretamente al comerciante que es arrendatario del local donde desarrolla sus actividades frente al propietario-arrendador del mismo. Así, con el propósito de regular armónicamente el ejercicio de los poderes del propietario-arrendador del inmueble arrendado y los que corresponden al propietario de la empresa que en él ha hecho los gastos e inversiones necesarias para implantar, poner en funcionamiento y acreditar establecimiento de comercio con los elementos que jurídicamente lo componen (art.516 C.Co.), el legislador no solamente consagró el derecho de aquel a dar por terminado el referido contrato de arrendamiento en las oportunidades y por las causales antes mencionadas (arts. 520 y 518 C.Co.), sino que, en vista de la afectación que ordinariamente sufre el dueño del establecimiento y la explotación de la empresa que lo desarrolla, también ha querido evitar que el primero abuse de su derecho a la terminación y se  aproveche de los beneficios que en el inmueble acreditado le reportó la actividad comercial del empresario.

Sobre la patria potestad y la custodia.

En Colombia existen figuras jurídicas independientes relacionadas con la crianza y el cuidado de los niños como lo son la patria potestad y la custodia. Aunque son figuras jurídicas que en un principio se puede llegar a pensar que son semejantes, las mismas difieren una de la otra en varios aspectos.

Tratándose de la patria potestad, el artículo 288 del Código Civil la define como un conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que como padres deben asumir. 

Dada su naturaleza, la patria potestad está conformada por poderes conjuntos que deben ejercer ambos padres, o a falta de uno de ellos le corresponde al otro, y refiere a la administración del patrimonio de los hijos, al usufructo de los bienes que les pertenecen, a la representación judicial y extrajudicial en todos los actos jurídicos que se celebren en beneficio de los hijos, y a la facultad de autorizar sus desplazamientos dentro y fuera del país.

En todo caso, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, “los derechos que componen la patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas condiciones y tienen un fin determinado

Se trata entonces de una institución jurídica de orden público, irrenunciable, imprescriptible, intransferible y temporal, de la cual se deriva que los padres no pueden sustraerse al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tienen con sus hijos, a menos que la patria potestad sea suspendida o terminada por decisión judicial cuando se presenten las causales legalmente establecidas. De allí que, la patria potestad sea reconocida en la actualidad no como una prerrogativa o derecho absoluto de los padres, sino como una institución instrumental que permite a éstos garantizar los derechos de sus hijos y servir al logro del bienestar de los menores

En cuanto a la custodia y cuidado personal, la misma se relaciona con el deber de criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos y costumbres. Justamente, el artículo 253 del Código Civil indica que “toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos”.

Si ambos padres presentan inhabilidad física o moral, es decir, carecen de la idoneidad debida, el artículo 254 del Código Civil consagra la posibilidad de que los cuidados de los hijos los puedan cumplir terceras personas que el juez estime competentes, prefiriendo en todo caso a los abuelos y familiares más próximos, ya que lo que se pretende es rodear a los niños, las niñas y los adolescentes de las mejores condiciones para que su crecimiento, desarrollo y crianza sean armónicos e integrales.

De allí que la regla general permita afirmar que ambos padres encargados del cuidado personal de los hijos tienen (i) la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente excluyendo de la reprensión cualquier clase de violencia física o moral; (ii) la dirección de la educación de los hijos y su formación moral e intelectual, según estimen más conveniente para éstos; y, (iii) el deber de colaborar conjuntamente en la crianza, el sustento y el establecimiento de los hijos menores e impedidos.

La custodia se puede fijar por medio de: i) Conciliación entre las partes ii) Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y iii) Proceso Verbal Sumario ante el Juez de Familia.

No obstante, cuando se otorga la custodia del menor de edad a familiares u otras personas, no se trasmite la patria potestad y adicionalmente no sustrae a los padres de las obligaciones contempladas por la ley para con sus hijos.

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