Mes: marzo 2022

RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA PROFESIONAL

Entendida la responsabilidad civil, como la obligación que tiene una persona para con otra, de indemnizarla por un daño que ha sufrido a consecuencia de la conducta de la primera, daño este que la segunda no debe soportar.

En Colombia, existen dos tipos de responsabilidad civil, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual.

La responsabilidad civil contractual, deviene del incumplimiento de un contrato celebrado entre dos partes, las cuales están obligadas a cumplirlo y de no ser así, la parte que incumple debe resarcir el daño causado a la parte perjudicada con este, o sea que el vínculo existe antes de la ocurrencia del daño a raíz de la relación contractual.

La responsabilidad civil extracontractual, nace de la ocurrencia del daño sin la existencia previa de un contrato, es decir, que el daño que causa perjuicios a la persona no es consecuencia del incumplimiento de un contrato, sino de la obligación que tenemos de no hacer daño a otro.

En el área de la salud, los profesionales médicos en el ejercicio de su profesión se ven expuestos a diferentes riesgos entre los cuales está la responsabilidad civil medica profesional.

La actuación del profesional de la salud es considerada de medio y no de resultado, sin embargo, se le exige al profesional diligencia, cuidado y pericia para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado, sin que ello implique asegurar la consecución del resultado. Esta responsabilidad excepcionalmente es de resultado, donde el medico se compromete a lograr un objetivo, como en los casos de cirugías estéticas.

La responsabilidad medica puede ser contractual, lo que quiere decir que exista un vínculo preexistente, o extracontractual cuando no existe un vínculo anterior. La responsabilidad civil medica extracontractual no es la más habitual, pero no quiere decir que esta hipótesis no pueda darse, esta se da cuando no existiendo vínculo, el medico interviene unilateralmente, cuando se trata de pacientes inconscientes o cuando el contrato adolece de un vicio que afecte su validez.

Existe responsabilidad civil medica cuando el medico con su accionar activo u omisivo, causa un daño antijurídico al paciente en su salud, integridad física o vida y en este sentido la Corte Suprema ha dejado claro que para hallar culpable al médico, se debe probar que existió la culpa del profesional, ya que no basta con el hecho de que el paciente no mejore o empeore, se debe probar que estos hechos se dieron como resultado de la negligencia del médico tratante y para establecer esta responsabilidad, es fundamental hacer un análisis exhaustivo de la historia clínica del paciente. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

Es aquél en virtud del cual, una parte se obliga a proporcionar a la otra el uso y goce de un inmueble que sirva para ejercer el comercio, durante cierto tiempo, y, la otra a pagar como contraprestación, un precio determinado o canon. Entre sus características principales se hallan las de ser típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo, y de ejecución sucesiva.

Este tipo de contrato consagra entre otras, dos tipos de compensaciones posibles a cargo del uno y en favor del otro, a saber; Derecho que nace para él arrendatario a que se le renueve el contrato acorde con el artículo 518 del código de comercio, así mismo, el derecho al desahucio ya que para este tipo de contratos debe remitirse al arrendatario con una antelación de 6 meses al vencimiento de contrato.

El vencimiento del plazo no es suficiente para terminar un contrato de arrendamiento de local comercial, conforme al artículo 5 del decreto 3817 de 1982.

Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico establece unas causales para dar por terminado esta clase de contratos, a saber;

Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato;

Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y

Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

La Sala de Casación Civil ha precisado que el Libro Tercero, Título III, Capítulo 3 del Código de Comercio… concierne a la protección que la ley otorga a los establecimientos comerciales y más concretamente al comerciante que es arrendatario del local donde desarrolla sus actividades frente al propietario-arrendador del mismo. Así, con el propósito de regular armónicamente el ejercicio de los poderes del propietario-arrendador del inmueble arrendado y los que corresponden al propietario de la empresa que en él ha hecho los gastos e inversiones necesarias para implantar, poner en funcionamiento y acreditar establecimiento de comercio con los elementos que jurídicamente lo componen (art.516 C.Co.), el legislador no solamente consagró el derecho de aquel a dar por terminado el referido contrato de arrendamiento en las oportunidades y por las causales antes mencionadas (arts. 520 y 518 C.Co.), sino que, en vista de la afectación que ordinariamente sufre el dueño del establecimiento y la explotación de la empresa que lo desarrolla, también ha querido evitar que el primero abuse de su derecho a la terminación y se  aproveche de los beneficios que en el inmueble acreditado le reportó la actividad comercial del empresario.

Sobre la patria potestad y la custodia.

En Colombia existen figuras jurídicas independientes relacionadas con la crianza y el cuidado de los niños como lo son la patria potestad y la custodia. Aunque son figuras jurídicas que en un principio se puede llegar a pensar que son semejantes, las mismas difieren una de la otra en varios aspectos.

Tratándose de la patria potestad, el artículo 288 del Código Civil la define como un conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que como padres deben asumir. 

Dada su naturaleza, la patria potestad está conformada por poderes conjuntos que deben ejercer ambos padres, o a falta de uno de ellos le corresponde al otro, y refiere a la administración del patrimonio de los hijos, al usufructo de los bienes que les pertenecen, a la representación judicial y extrajudicial en todos los actos jurídicos que se celebren en beneficio de los hijos, y a la facultad de autorizar sus desplazamientos dentro y fuera del país.

En todo caso, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, “los derechos que componen la patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas condiciones y tienen un fin determinado

Se trata entonces de una institución jurídica de orden público, irrenunciable, imprescriptible, intransferible y temporal, de la cual se deriva que los padres no pueden sustraerse al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tienen con sus hijos, a menos que la patria potestad sea suspendida o terminada por decisión judicial cuando se presenten las causales legalmente establecidas. De allí que, la patria potestad sea reconocida en la actualidad no como una prerrogativa o derecho absoluto de los padres, sino como una institución instrumental que permite a éstos garantizar los derechos de sus hijos y servir al logro del bienestar de los menores

En cuanto a la custodia y cuidado personal, la misma se relaciona con el deber de criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos y costumbres. Justamente, el artículo 253 del Código Civil indica que “toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos”.

Si ambos padres presentan inhabilidad física o moral, es decir, carecen de la idoneidad debida, el artículo 254 del Código Civil consagra la posibilidad de que los cuidados de los hijos los puedan cumplir terceras personas que el juez estime competentes, prefiriendo en todo caso a los abuelos y familiares más próximos, ya que lo que se pretende es rodear a los niños, las niñas y los adolescentes de las mejores condiciones para que su crecimiento, desarrollo y crianza sean armónicos e integrales.

De allí que la regla general permita afirmar que ambos padres encargados del cuidado personal de los hijos tienen (i) la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente excluyendo de la reprensión cualquier clase de violencia física o moral; (ii) la dirección de la educación de los hijos y su formación moral e intelectual, según estimen más conveniente para éstos; y, (iii) el deber de colaborar conjuntamente en la crianza, el sustento y el establecimiento de los hijos menores e impedidos.

La custodia se puede fijar por medio de: i) Conciliación entre las partes ii) Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y iii) Proceso Verbal Sumario ante el Juez de Familia.

No obstante, cuando se otorga la custodia del menor de edad a familiares u otras personas, no se trasmite la patria potestad y adicionalmente no sustrae a los padres de las obligaciones contempladas por la ley para con sus hijos.

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