Mes: febrero 2022

PENSION DE INVALIDEZ Y SUS REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÒN

La pensión de invalidez es una de las prestaciones que conforma el derecho a la seguridad social. Esta tiene como fin proteger aquel miembro del conglomerado social que ha sufrido una enfermad o accidente de origen común o profesional que disminuye o anula su capacidad laboral, brindando una prestación económica para que con esta sean solventadas sus necesidades básicas y así pueda disfrutar de una vida digna.
La Corte Constitucional ha señalado que para acceder a la pensión por invalidez se debe acreditar una “merma considerable en la capacidad laboral de una persona, la jurisprudencia ha reconocido que debe materializarse una discapacidad que se manifieste a tal punto, que pueda ser subsumida dentro del concepto de “invalidez”, esto es, que la afectación a la salud física, mental, intelectual o sensorial de la persona sea lo suficientemente grave como para impedir que ésta, no sólo desarrolle una actividad laboral remunerada y, así, pueda valerse por sí sola para subsistir dignamente; sino que además, le cree barreras infranqueables que cercenen su posibilidad de injerir en forma plena y efectiva dentro de un conglomerado social”
En la actualidad, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 860 de 2003, los requisitos para que una persona pueda acceder a la pensión de invalidez, son:
 

  1. Que el afiliado sea declarado en condición de discapacidad, es decir, haber perdido el 50 % o más de su capacidad labora mediante dictamen médico realizado por Colpensiones, los fondos o las juntas de calificación.
     
  2. Que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. No obstante, ese número de semanas se puede ver reducido en dos eventos (i) menores de veinte años de edad, hipótesis en que éstos solo deben acreditar 26 semanas cotizadas en el último año anterior al hecho generador de la invalidez o su declaratoria; y (ii) personas afiliadas al sistema de seguridad social que hayan cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, casos en que éstos solo deben comprobar 25 semanas de cotización en los últimos tres años.
     
    Así entonces, el evento en que un menor de 20 años quede inválido, únicamente deberá acreditar que ha cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
    El legislador, en este asunto, diferenció entre aquellas personas que empezaban su vida laboral de aquellas que ya la habían concluido, en razón a su edad y con esto favorecer a la población joven que está incursionando en el mercado laboral.
    En conclusión, para acceder a la pensión de invalidez bajo el supuesto consagrado en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 es necesario acreditar por parte de la persona que solicita esta prestación: (i) tener 26 años o menos al momento de la pérdida de capacidad laboral; (ii) encontrarse en estado de invalidez, es decir, haber perdido el 50 % o más de su capacidad laboral; y, (iii) haber cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
    Finalmente, respecto a la segunda excepción, la cual ampara a aquellas personas que quedaron inválidas y hubieren cotizado más del 75 % de las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, solo se les exigirá haber cotizado 25 semanas en los últimos tres años con anterioridad a la pérdida de capacidad laboral, para acceder a la prestación por invalidez.

¿A QUIEN CORRESPONDE ASUMIR LAS REPARACIONES DEL INMUEBLE ARRENDADO?

El contrato de arrendamiento consiste en que una persona llamada arrendador, permita ocupar, gozar o utilizar un inmueble de su propiedad a otra persona llamada arrendatario, el cual a cambio se obliga a pagar una remuneración llamado canon de arrendamiento.

Dada la bilateralidad del contrato de arrendamiento, nace para las partes, esto es; arrendado y arrendatario, diferentes obligaciones, entre ellas, la de mantener el bien arrendado en buen estado.

Por lo tanto, es importante identificar el tipo de reparaciones y a quien corresponde asumirlas cuando estamos frente a un inmueble que ha sido objeto de un contrato de arrendamiento.

Nuestro ordenamiento jurídico establece tres tipos de reparaciones, a saber:

Reparaciones locativas: Son las que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, con las cuales se busca preservar la vivienda arrendada en igual estado al que fue recibida Por ejemplo; pintura sucia cuando el inmueble se entregó con paredes recién pintadas, vidrios rotos por culpa del arrendatario, daños en accesorios de cocina, baños, etc.,

Estas reparaciones le corresponden por regla general al arrendatario, pero cuando estas provengan de caso fortuito, fuerza mayor o por la mala calidad de los materiales usados en la construcción del inmueble deberán ser asumidas por el arrendador.

Reparaciones indispensables, necesarias o no locativas: Son aquellas sin las cuales no se puede ocupar, gozar o utilizar de forma íntegra la vivienda, porque hay daños que se producen por el desgaste de los materiales al transcurrir el tiempo, por ej. las cañerías viejas con tubería de gres o tubos de agua galvanizados, rejas y marcos en hierro que se desgastan por estar a la intemperie y las tejas en los techos que se deterioran por la lluvia, el calor, entre otros, que deben ser reparadas por el propietario o arrendador.

Estas reparaciones se deben asumir por el arrendador, aunque las mismas pueden ser asumidas por el arrendatario y tendrá derecho a que el arrendador le reembolse el precio de las mismas, esto cuando se cumplan tres condicione: 1.- Que el arrendatario haya notificado al arrendador de la necesidad de las reparaciones; 2.- Que las mismas no las haya hecho necesarias el arrendatario por su culpa; 3.- Que arrendador teniendo conocimiento de estas, no las haya realizado por su cuenta en forma oportuna.

Reparaciones útiles: Se clasifican en las reparaciones no locativas, no son necesarias para el uso y goce del bien y sin las cuales el bien cumple su fin, pero

que sirven para valorizar el bien. Estas mejoras no podrán hacerse por el arrendatario sin la autorización del arrendador, así tampoco el arrendador está obligado a reembolsarlas en caso de que el arrendatario las hiciese, en ese caso el arrendatario podrá llevarse del inmueble los materiales o las cosas que haya utilizado, sin que ello cause algún tipo de detrimento del bien.

SIMULACIÓN EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA

La figura de la simulación consiste en ocultar un verdadero negocio jurídico realizado entre las partes, la mayoría de veces con fines fraudulentos.

Si bien, la simulación puede ser tanto absoluta como relativa, se deben configurar los siguientes elementos en para estar frente a dicha figura: i) La presencia de dos o más personas que acuerdan dar una falsa apariencia a su voluntad; ii) El propósito de engañar a otros y iii) Una disconformidad intencional entre lo querido y las atestaciones realizadas.

El primero de estos elementos, esto es el acuerdo de los participantes en el acto ficticio presupone un nexo entre las personas que unen sus voluntades en el negocio, de modo que cooperan en la creación de la apariencia a fin de extender un velo sobre su verdadera intención.

Ahora bien, dentro de la esfera del acuerdo, es independiente si solo una de las partes es quien lleva la dirección de la acción y la otra solo contribuye a su realización o a perfeccionar el acto puesto que con el accionar de este último se produce el efecto de esconder la verdad. Cosa distinta es cuando una de las partes no otorga su asistencia, pues nos encontraríamos dentro de la figura de una reserva mental y no dentro de un acto simulado como quiera que la primera de ellas carece de efectos jurídicos, pues todo lo que ocurre en el fuero interno de uno de los contratantes se queda en ese ámbito íntimo,

Hablando del segundo requisito de la figura de la simulación, el animus decipiendi, es decir el propósito de las partes del contrato, aparentar, recrear un vínculo jurídico inexistente, o encubrir el convenido a través de otra tipología contractual

Finalmente, el último elemento, consistente en la disconformidad entre la representación ofrecida a terceros y lo realmente deseado por los negociantes, bien sea que su finalidad fuera no celebrar el acto que dijeron realizar o acordar uno diferente, presupone que la discordancia sea voluntaria y consciente, esto es, querida por los intervinientes

Con todo, refiriéndose al acto dispositivo de la compraventa, ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia, que «la confianza originada en las relaciones familiares entre vendedor [y] comprador» es «un ambiente propicio para concertar negocios aparentes» (CSJ SC16608-2015, 7 dic., rad. 2001- 00585-02; CSJ SC2582-2020, 27 jul., rad. 2008-00133-01), «pues es lógico que se elija para urdir la simulación a una persona de confianza y no a un extraño» (CSJ SC7274-2015, 10 jun., rad. 1996-24325-01).

No obstante, este indicio de naturaleza personal, por sí solo, no es suficiente de allí que deba confluir con otros para constatar la irrealidad de las declaraciones de voluntad manifestadas exteriormente, y lleven a descubrir la intención real de los concertantes. Así lo ha manifestado la CSJ en su jurisprudencia puesto que “«el parentesco entre los contratantes no puede convertirse, por sí solo, en un indicio eficaz para deducir simulación», puesto ello equivaldría a «dar por preestablecida la falta de rectitud, lealtad y probidad de quien así contrata, es decir su mala fe”.

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